Infojus Noticias

El 13 de septiembre de 1978, después de cenar junto a su familia, el director de Industrias Siderúrgicas Grassi y presidente del Banco de Hurlingham, René Carlos Alberto Grassi, estaba hablando por teléfono en pijama. Sonó timbre de su piso en avenida Libertador 5102 y abrió su hija de 20 años. En la puerta, el agente de Inteligencia Raúl Guglielminetti, vestido con una campera de cuero negra, le dijo que tenía que llevarse a su padre por orden de Carlos Guillermo Suárez Mason, jefe del Primer Cuerpo de Ejército.

Grassi fue trasladado al Regimiento de Granaderos de la ciudad de Buenos Aires y más tarde conducido a la cárcel de encausados de Campo de Mayo. Fue liberado más de un año después, luego de ser blanqueado y pasar por la cárcel de Caseros. Tal vez en ese momento recordó un incidente de agosto de ese año, cuando en un congreso de ejecutivos en finanzas, el entonces ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz le preguntó si se podía comprar el Banco de Hurlingham.

-El banco no está en venta- respondió Grassi.

-Vos no sabés lo que estás haciendo, hasta que no te vea arrastrarte por el piso no te voy a dejar en paz- respondió el ministro.

Por el secuestro de Grassi, que fue el primero de una larga serie de 28, hoy están detenidos y procesados: el ex coronel Francisco Obdulio D’Alessandri, el ex comandante de Gendarmería Víctor Enrique Rei, el ex agente de Inteligencia Raúl “Guastavino” Guglielminetti y un funcionario civil: el abogado Juan Alfredo Etchebarne. Era entonces el presidente de la Comisión Nacional de Valores, un organismo financiero que controlaba las acciones en la Bolsa de Valores, y prestó una colaboración vital al Primer Cuerpo de Ejército para la persecución de empresarios enemigos al Régimen y el despojo de sus bienes.

Etchebarne fue apresado por orden del juez federal Daniel Rafecas el 15 de abril pasado, en su coqueto departamento de Avenida Del Libertador al 3000, y trasladado al penal de Marcos Paz. Su defensa apeló el fallo en diversas instancias y pidió su excarcelación, pero la semana pasada la Cámara Federal de Casación Penal declaró “inadmisible” un pedido ante la Corte Suprema. Los camaristas Mariano Borinsky, Juan Carlos Geminiani y Gustavo Hornos consideraron que “no se trata de sentencia definitiva ni equiparable a tal” y confirmaron su rechazo. Por ahora, uno de los amigos dilectos de “Joe” Martínez de Hoz, el amante de los safaris, permanecerá a la sombra de un calabozo por su valioso aporte como civil al terror militar.

Secuestros en cadena

La mañana posterior al rapto de René Grassi, se llevaron a Eduardo Augusto Aguirre Saravia de su casa de Martínez. Ese mismo 14 de septiembre, en un estudio jurídico del microcentro, efectivos del Primer Cuerpo se llevaron al abogado Mario Satanowsky, Juan Claudio Chavanne y su esposa Sara Duggan. El 23 de septiembre, fue el turno de Luis Alberto Grassi, hermano de René, y Rosa Dominga Laurito de Ernaiz. La cacería dejó un saldo de 28 secuestros entre setiembre y diciembre de ese año. Todos eran ejecutivos, empleados o familiares de dos grupos empresarios: Chavanne e Industrias Siderúrgicas Grassi. Todos terminaron en la cárcel de encausados de Campo de Mayo. Todos, directa o indirectamente, habían cumplido un rol en la compra del Banco de Hurlingham que había sido propiedad de la familia Graiver.

Con la zaga de secuestros encaminada, Suarez Mason y los cerebros civiles detrás del negocio se percataron que no tenían cuadros técnicos para exprimir los resortes financieros que atesoraban los cautivos. Suarez Mason encomendó al coronel Roberto Leopoldo Roualdes que conformara una unidad especial que se encargara del asunto. Roualdes, titular del Estado Mayor General del Ejército, hizo dos cosas. Conformó el grupo operativo: D’Alessandri, Rei y Guglielminetti, que   comandaba la patota operativa. Por otro lado, remitió la circular 063/78, secreta y confidencial, pidiéndole “al presidente de la CNV su apoyo y colaboración, con el aporte de cuatro peritos del más alto grado de idoneidad que posea” para asistir técnicamente a las “actividades de investigación sobre delitos económicos”.

CNV: central de Inteligencia

Aquella solicitud, plagada de eufemismos marciales, no era otra cosa que el pedido de técnicos para preparar o asistir a los interrogatorios bajo tormentos. Juan Alfredo Etchebarne, el amigo íntimo de José Martínez de Hoz, reaccionó con premura. El 8 de noviembre de 1978 trasladó la inquietud castrense al seno de la reunión de Directorio. El mismo día, estampó su firma en una circular interna que –junto a otras pruebas- terminaría por conducirlo a la cárcel 35 años después. Allí designó a Julio Eduardo Juan Spinosa y Carlos Osvaldo Berini, dos abogados del departamento de Autorización y Fiscalización de la Oferta Pública, Horacio Miguel Muñoz y Pedro Vicente García, contadores del Departamento de Fiscalización Económica y Contable y a Antonio Pérez Arango, para colaborar “con carácter profesional en la investigación que realiza la autoridad militar”.

Ese aporte profesional implicaba “preparar las preguntas para que los militares supieran cómo interrogar a los secuestrados, ya que la CNV contaba con información sobre los financistas”, explicaron a Infojus Noticias desde la Oficina de Coordinación de Políticas de Derechos Humanos del organismo. Una central de inteligencia que brindaba información sobre actores del sistema financiero que competían con los empresarios amigos de la Junta Militar, o sobre quienes tenían bienes tentadores para despojar. Las resoluciones internas, actas de directorio y circulares, forman parte de los 500 documentos  que fueron copilados en un informe y permitieron reconstruir la complicidad de la CNV –al igual que otros organismos financieros- con la represión ilegal.

La comisión elogiada

Esa comisión tenía un objetivo claro en la mira: el Banco de Hurlingham. Sobre los Graiver, sus últimos dueños, pesaba la sospecha de que estaban financiando a Montoneros.  Ya en 1977, por supuestas irregularidades en el traspaso, la CNV había radicado una denuncia judicial. Cuando el entidad bancaria entró en sucesión, el grupo empresario Chavanne pagó varios miles de dólares con el compromiso de terminar la compra una vez que se levantara una interdicción del Banco Central. Pero el BCRA –que manejaba otro amigo del ministro, Reynal- finalmente no aceptó la transferencia. Cuando se vencía el plazo para completar el pago, el 12 de septiembre de 1978, los Chavanne le pidieron a René Grassi que pusiera el faltante. El 13 de septiembre a la mañana la Siderúrgica colocó una solicitada en los diarios avisando que se hacían cargo del Banco de Hurlingham. Esa misma noche, Guglielminetti tocó el timbre de René.

Pérez Arango, uno de los cinco comisionados inicialmente en Campo de Mayo, se negó al trabajo que le pedían el coronel y su propio jefe. “Eso demuestra que no tenían la obligación de ir, que si se negaban no les pasaba nada”, dicen los autores del informe. A los cuatro restantes, una combi los pasaba a buscar todos los días y los trasladaba hasta la cárcel de Encausados de Campo de Mayo. La jornada de trabajo duraba siete horas diarias. Compartían  edificio con otros cuatro peritos del Banco Central y con los secuestrados. Nunca hablaban de su trabajo en la Guarnición Militar con sus compañeros de la CNV.

Después de cuatro meses intensos, el trabajo de los peritos rindió sus frutos. El 8 de marzo de 1979, el coronel Roualdes envió una nota a Etchebarne felicitándolo por sus hombres. En tono muy elogioso, la misiva ponderaba “la vocación de servicio, el espíritu de trabajo y sacrificio, la idoneidad y el criterio para el uso de ella, el celo y escrupulosidad en todo su actuar que demostraron los funcionarios”.

El letrado torturador

Etchebarne nació el 17 de noviembre de 1938. Antes de presidir la CNV, había sido directivo de la siderúrgica Acindar, donde había estrechado una amistad entrañable con “Joe” Martínez de Hoz. Su interés en el Banco de Hurlingham tenía que ver con una obsesión. Según contó Julio Spinosa, uno de los peritos, el titular de la CNV tenía un “interés obsesivo” por saber si se había averiguado algo sobre el “dinero de  Montoneros”. “Al concurrir en una ocasión Etchebarne a Campo de Mayo, se interesó por el asunto y lo que les preguntaba de forma obsesiva era si de la documentación que estaban examinando no surgía qué había pasado con los veinte millones de dólares de los Montoneros”, relató.

Tanto fue el compromiso de Etchebarne por la causa, que trascendió de sobra su rol de seleccionador del grupo de apoyo técnico y profesional. Raúl Ramón Aguirre Saravia, uno de los abogados del grupo Grassi, raptado de su estudio jurídico en calle Reconquista por tres hombres armados, declaró: “Empezaron los interrogatorios muy violentos en los cuales me golpearon muchísimo, me patearon y el que me interrogaba la voz era de Juan Alfredo Etchebarine (sic), en ese entonces  presidente de la Comisión de Valores [...] Todos los interrogatorios los conducía él”, dijo en su declaración del Juicio a las Juntas Militares.

El testigo reconoció su voz porque discutía con él en su trabajo. Y lo ubicó en un centro clandestino de detención “cerca de Puente 12”, que podría ser el Club Atlético. Además, Marcelo Chavanne dijo que participaba activamente en los interrogatorios y Marcela Grassi recordó que su padre, René, también lo había mencionado presente.

El mismo Etcheberne reconoció que fue a Campo de Mayo porque “tenía la curiosidad natural de saber si era cierto lo que se comentaba sobre la supuesta relación que podría haber entre esos hechos y los fondos que Graiver debía a los Montoneros y que habían sido objeto de comentarios periodísticos”.

Cuando el informe y los documentos de la CNV salieron a la luz, la investigación judicial por los secuestros de los empresarios relacionados al Banco de Hurlingham, instruida por el juez Rafecas, se reactivó. Etchebarne fue detenido, y también los militares D’ Alessandri, Guglielminetti y Rei. No fue así con su selecto equipo de trabajo. “La Justicia, con sus tiempos, no avanzó hasta ese punto”, opinaron desde la CNV. Aunque consideraron a la detención de Etchebarne, por sí misma, “una medida novedosa, por la ligazón de los delitos económicos con los crímenes de lesa humanidad”.